Obama y la “privatización” de los mercenarios

Por M. H. Lagarde

El llamado anticastrismo, por lo menos en el periódico El Nuevo Herald, es sinónimo de dinero. No hay una vez que se mencione dicho término que no sea asociado a los fondos que el gobierno norteamericano dedica a apoyar dicha postura, más económica que política.

El más reciente ejemplo de esa inevitable asociación entre “contabilidad” e “ideología” es un artículo de Alejandro Armengol titulado Prepotencia anticastrista, donde el autor describe cuál es el destino real de ese dinero que, define y determina, el anticastrismo.

No obstante la aparente sinceridad y honestidad del artículo mencionado, vale hacerle algunos señalamientos. En primer lugar, detengámonos donde el comentarista crítica a los anticastristas por pasar “por alto las características esenciales de la naturaleza represiva del régimen de La Habana”.

Es curioso, y hasta cierto punto explicable, -de otro modo su artículo no se publicaría en el “democrático” El Nuevo Herald-, que Armengol se refiera en esos términos a la postura cubana, nada menos que en un texto escrito para dejar al descubierto parte de la agresión de la primera potencia del mundo contra la Isla. En vez de “naturaleza represiva” Armengol debió decir “naturaleza defensiva”.

Por otra parte, entre las soluciones que el articulista propone para sustituir al anticastrismo de bolsillo que muy bien describe, se encuentra la propuesta de que lo que tiene que “hacer Washington es acabar de tirar a la basura cualquier plan --concebido por burócratas, políticos y vividores-- para una supuesta transición democrática en la isla, y limitar la ayuda en este sentido a un fondo humanitario para los opositores presos”.

Una idea que no se comprende del todo si se tiene en cuenta que Washington, via ONG europeas, o con dinero salido de las arcas de organizaciones dirigidas por terroristas impunes, no ha dejado de subvencionar a los familiares de los mercenarios que un día se pusieron a su servicio.

Tampoco se comprende mucho la supuesta legalidad que el articulista defiende en caso que, en vez de recibir el dinero del contribuyente norteamericano, los mercenarios reciban el financiamiento de las contribuciones de los emigrados.

Un comentarista tan atinado como Armengol debió explicar por qué esto no sucede regularmente y abundar más en las causas que sostienen el fructífero negocio de la industria anticubana, del que viven, desde hace cincuenta años. los burócratas, políticos y vividores a los que hace referencia.

Estos inexplicables deslices hacen pensar si no estaremos presenciando -a nivel medíatico, por ahora- una maniobra para cambiar la estrategia respecto a las fuentes del financiamiento del mercenarismo que Estados Unidos paga para agredir a Cuba.
El periódico español El País, cuya línea editorial en lo que se refiere a Cuba apenas si se diferencia de El Nuevo Herald, acaba de explicar la renuncia de Linconl Diaz Balart al congreso como un divorcio entre los exiliados cubanos y la actual administración de Obama.

En el artículo titulado “El exilio cubano se harta de Obama” se dice que la razón fundamental de la renuncia de uno de los personajes más beneficiados de la industria anticubana es “su frustración porque la actual Administración tiene congelada la ayuda a los disidentes”.

Y agrega: “La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) ya casi no destina dinero a Cuba y a muchas organizaciones que recibían fondos se les han cortado tras los escándalos por mala administración surgidos el año pasado”.

¿No será que tras el desprestigio total de una agencia como la USAID, determinado por la captura en La Habana el pasado diciembre de uno de sus “contratistas”, la alternativa es ahora recurrir a la "privatización" del mercenarismo?

La idea, como se sabe, no es nueva. La resurrección de la Rosa Blanca, una organización -a la que el campeón del "anticastrismo" que describe Armengol, piensa entregarse en cuerpo y alma-, no será versión miamizada de agencias al estilo de Blackwater?

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