Por Carlos Fazio
Durante más de medio siglo, junto con la guerra psicológica y las operaciones de propaganda político-ideológica, la violencia terrorista ha sido una constante en la forma de «relacionarse» de Estados Unidos con Cuba. Desde el triunfo de la Revolución, en 1959, Washington ha venido desplegando contra la Isla un amplio mecanismo subversivo diseñado por oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Pentágono y el Buró Federal de Investigacines (FBI), que con el tiempo echó mano también de la Oficina de Inmigración, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otras dependencias gubernamentales.
Mediante ese mecanismo encubierto, la CIA ha armado, entrenado, financiado y brindado protección a un puñado de extremistas cubanos del exilio en Miami, la mayoría de los cuales integraron la Brigada 2506 que fracasó en la invasión mercenaria de Playa Girón (1962). Nucleados luego en grupúsculos terroristas como la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), Alpha 66 y Hermanos al Rescate, con apoyo de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), han cometido sabotajes y atentados con explosivos en la Isla y contra objetivos cubanos en el exterior, y múltiples intentos de magnicidio contra Fidel Castro.
Es la misma pandilla que apareció vinculada al asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas; que se constituyó después en la fuerza de élite encubierta de la red golpista internacional que intervino en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, en el Plan Cóndor y en las guerras sucias de la CIA en Centro y Sudamérica en los años 70 y 80, y que en pleno siglo XXI estuvo presente en la asonada cívico-militar contra Manuel Zelaya, en Honduras (2009).
En el colmo de la doble moral, el terrorismo made in USA contra Cuba ha sido impulsado por diez sucesivas administraciones de la Casa Blanca, y cobijado por legisladores cubano-estadounidenses, entre quienes destacan en fechas recientes Robert Menéndez, Albio Sires, los hermanos Lincoln y Mario Díaz Balart, David Rivera y la actual presidenta del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Ileana Ros-Lethinen, quien públicamente ha llamado a asesinar a Fidel Castro.
Se trata de un largo historial de impunidad, instigación y complacencia con el terrorismo internacional, al que no ha sido ajeno el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Precisamente, en la coyuntura, un tribunal estadounidense puede darle una oportunidad a la verdad. En El Paso, Texas, está siendo juzgado el guerrero sucio favorito de Washington, Luis Posada Carriles, «experto en demoliciones» de la CIA y multiasesino confeso.
Sobre este delincuente «sin fronteras» existen nuevas evidencias, incluidos cientos de documentos desclasificados de la CIA y el FBI que lo señalan como coautor intelectual de la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano sobre el cielo de Barbados en 1976, que causó la muerte de 73 personas.
Además, según admitió arrogante, en 1998, el propio Posada Carriles a la periodista Ann Louise Bardach, del New York Times (NYT), es el autor intelectual y material de la serie de atentados con explosivos C-4 (de uso militar) contra infraestructura turística de La Habana y Varadero, uno de los cuales mató al joven italiano Fabio di Celmo en el Hotel Copacabana, en 1997.
El mismo año que, como reveló a Bardach, estuvo involucrado en una operación de tráfico de armas desde Sierra Leona a El Salvador, con la complicidad de altos dirigentes del partido ultraderechista Arena, entre ellos su líder histórico, Hugo Barrera, heredero del mayor Roberto D’Aubuisson y entonces viceministro de Seguridad.
En la entrevista con el NYT, Posada afirmó que la FNCA del extinto Jorge Mas Canosa había financiado sus actos terroristas. Ahora se sabe que esa declaración fue una estratagema para presionar a sus «benefactores» mediante un chantaje mediático.
¿Objetivos? Que la Fundación le aumentara el financiamiento, y dos, que tanto la FNCA como la CIA y el Gobierno de Estados Unidos supieran que estaba dispuesto a revelar verdades si no le garantizaban protección vitalicia e impunidad a cambio de su silencio.
Lo más insólito es que, no obstante esos antecedentes criminales y nuevas revelaciones derivadas de los testimonios y las pruebas presentadas en el juicio en La Habana contra el terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca —quien participó en los ataques con bomba contra hoteles cubanos en 1997-98 y confirmó los nexos de su jefe Posada Carriles con el presidente de la FNCA, José Hernández, que financió los atentados—, en el caso número EP-07-CR-87 Estados Unidos vs. Luis Posada Carriles, que preside la magistrada Kathleen Cardone en el distrito occidental de Texas, las acusaciones contra este engendro de la CIA son de orden menor: los fiscales le imputan delitos de fraude, obstrucción de procesos, perjurio y falsas declaraciones en la solicitud de asilo político y ciudadanía que presentó a las autoridades de Inmigración hace cinco años.
No obstante el mea culpa de Posada Carriles por sus actividades terroristas, es evidente que su chantaje funcionó hasta ahora: autoridades federales y congresistas en el Capitolio han impedido que prospere su extradición a Venezuela, donde es prófugo de la justicia requerido por Interpol.
En la sesión del viernes, la marrullera jueza Cardone se vio obligada a aceptar que Posada mintió a las autoridades migratorias para naturalizarse.
Los fiscales presentaron testigos y pruebas de que Posada entró a Florida a bordo del Santrina procedente de Isla Mujeres, México, con un pasaporte falso. Pero Cardone no se atreve a hurgar en el pasado terrorista de Posada, y la defensa busca anular el juicio. Antes de llegar a El Paso, crípticamente, Posada dijo: «Este año estaremos en Cuba. Ya ganamos, pero todavía no cobramos». Chantajista, aludía a sus «servicios» para la CIA.
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