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lunes, 14 de febrero de 2011

Activistas piden a España que persiga casos de tortura del Gobierno de Bush

En la foto: El bloguero radicado en Barcelona Ernesto Hernández Busto junto a George W. Bush (a la derecha) durante un encuentro de cibermercenarios organizado por el torturador de Texas

Washington, 14 feb (EFE).- Una treintena de grupos de defensa de los derechos humanos pidieron hoy en una carta abierta que la justicia española acepte procesar a funcionarios del Gobierno del ex presidente de EEUU George W. Bush por presuntos casos de tortura.
 La misiva, que se entregó en los consulados de España en cinco ciudades de EEUU, llega tan sólo unos días antes de la fecha límite del 1 de marzo fijada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para que Washington responda si está investigando las torturas en el penal de Guantánamo en Cuba.
 Velasco ha indicado que de no recibir respuesta para esa fecha estudiará la posibilidad de admitir la querella interpuesta por la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España y que va dirigida contra seis abogados estadounidenses por dar el apoyo legal para la puesta en marcha de Guantánamo.
 Los querellados son Alberto Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005 -cuando se convirtió en fiscal general de EEUU-, además de David Addington, William Haynes, Douglas Feith, Jay Bybee y John Yoo, todos ellos miembros de la Administración Bush.
 Activistas congregados hoy frente a la embajada de España en Washington expresaron su esperanza de que la querella sea admitida y que la magistratura española refute la idea de que cualquier país puede violar la ley.
 "Me siento muy avergonzado de que nuestro Gobierno se muestre reacio a cumplir con su obligación de investigar y procesar en caso necesario a personas que cometieron crímenes de guerra", dijo a Efe Ray McGovern, un ex analista de la CIA.
 McGovern es ahora miembro de Veteran Intelligence Professionals for Sanity, integrado por actuales miembros y ex miembros de la comunidad de inteligencia y que se creó en el 2003 para denunciar el uso de pruebas falsas para justificar la invasión de Irak.
 El ex funcionario de la CIA lamentó la "falta de coraje" de la actual Casa Blanca, a pesar, dijo, de que Bush reconoce abiertamente en sus memorias el haber autorizado la asfixia simulada y ha asegurado que volvería a hacerlo.
 Entre la docena de activistas que hoy se manifestaron frente a la embajada de España estaba también Ron Fisher, un capitán retirado de la Marina estadounidense, quien portaba una pancarta dirigida al pueblo español con el mensaje: "Por favor hagan lo que EEUU no hará: procesar a los torturadores".
 Los activistas aseguraron, en una carta dirigida al embajador español en Washington, Jorge Dezcállar, sentirse "profundamente apenados" por tener que pedir a España que haga lo que EEUU debería de estar haciendo.
 La misiva lamenta también la información recogida en uno de los cables de WikiLeaks publicados recientemente y según la cual Washington habría dicho a Madrid que el procesamiento de los seis abogados no sería "entendido ni aceptado" y tendría un "enorme" impacto en las relaciones bilaterales.
 Jueces y fiscales de la Audiencia Nacional defendieron a finales de noviembre la cooperación judicial con Estados Unidos y negaron haber recibido presiones para frenar las investigaciones abiertas en ese tribunal a ciudadanos norteamericanos en casos como el de José Couso, las torturas de Guantánamo o los vuelos de la CIA.
 Entre los grupos que respaldan la iniciativa de hoy están la división estadounidense de Amnistía Internacional, Witness Against Torture, United for Peace and Justice y September 11th Families for Peaceful Tomorrows, entre otros.
 Amnistía Internacional (AI) dijo a principios de este mes que Bush puede ser procesado en cualquier país tras admitir públicamente en noviembre que había  autorizado torturas en los interrogatorios de los servicios de seguridad de Estados Unidos.
 El expresidente canceló una visita privada a Suiza prevista para este mes en medio de las presiones de grupos de activistas que habían convocado protestas y pedido al Gobierno suizo que abriera un proceso judicial contra el ex mandatario. EFE

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