Cuando los ciberterroristas nos acusan de terroristas

› Twitter, la SINA y los mercenarios (III)

Por Rosa Miriam Elizalde

Estados Unidos ni siquiera cuida las formas. Ayer pusieron a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo alegando circunstancias inverosímiles, y hoy anuncian que vence el plazo de una licitación del Departamento de Estado para que empresas privadas e instituciones académicas norteamericanas presenten proyectos para la Internet destinados al derrocamiento del gobierno de la Isla.
El premio es 445 000 dólares y el objetivo, crear cursos de educación a distancia en tecnología informática, no para beneficiar a la población cubana, sino para entrenar a ciudadanos que luego puedan sostener un servicio de enlace a la red Internet a la carta -solo para “disidentes”, blogueros y tuiteros de Washington- o convertirse en hackers de la red nacional. El plazo para entregar los proyectos al Departamento de Estado cierra el 16 de agosto.
El destinatario de esta plataforma es solo aquel que comparta las políticas de los Estados Unidos y sus sueños de doblegar a la Isla.
De acuerdo con la convocatoria, estos cursos serían impartidos para personas con diferentes niveles de conocimientos de la informática: principiantes, nivel medio y avanzado. Para poder garantizar que el servicio sea solo para cubanos, tienen que restringir el acceso al resto de los ciudadanos del planeta. No lo dice directamente, pero es obvio: el acceso a este portal de e-learning (educación a distancia) estaría protegido con contraseñas también a los cubanos y sería accesible solo a quien demuestre ante la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana su filiación contrarrevolucionaria.
La obviedad viene de la práctica que ha impuesto el bloqueo de EEUU contra la Isla y sus “educativas” sanciones a las empresas que lo han violado. La llamada Ley Torricelli o Ley de autorización y de defensa nacional para el año fiscal 1992, permitió la conexión de la Isla a la Red, por vía satelital, con el condicionamiento de que cada megabyte (rango de velocidad de conexión) debía ser contratado a empresas norteamericanas o sus subsidiarias y aprobado por el Departamento del Tesoro. Estableció limitar esa contratación y decidió sanciones extraordinarias -multas de 50 000 dólares por cada violación- para quienes favorezcan, dentro o fuera de EEUU., el negocio electrónico o el más mínimo beneficio al gobierno de la Isla y a los ciudadanos que lo apoyan. Por tanto, de más está decir que la empresa que quebrante esta disposición cae fulminada por una multa exorbitante.
Otro estándar es aplicado a las empresas e instituciones que se sumen a los esfuerzos de la administración norteamericana para derrocar la Revolución. En marzo de este año anunciaron con bombos y platillos que habían levantado ciertas restricciones dispuestas por esa misma Ley Torricelli. El nuevo reglamento del Departamento del Tesoro divulgado el pasado 8 de marzo -Sección 515 de las Regulaciones de los bienes cubanos, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) -, levanta las sanciones contra las empresas que faciliten gratuitamente aplicaciones de correo electrónico, chat y similares.
La intención del gobierno de Obama con esta medida es estimular, mediante incentivos económicos a las empresas de telecomunicaciones, aquellos servicios para ciertos ciudadanos cubanos que estén dispuestos a defender los lineamientos de la diplomacia pública norteamericana. Con estas excepciones de la OFAC, ahora las empresas y el mundo académico de los EEUU pueden participar del botín dispuesto por el Departamento de Estado para la subversión contra Cuba a través de la Red de Redes, columna vertebral de lo que la Secretaria Hillary Clinton ha llamado la “Diplomacia del Siglo XXI”.
Pero ojo, esa excepciones prohíbe terminantemente:
La exportación directa o indirecta de los servicios de conectividad de la Internet o de facilidades de transmisión de telecomunicaciones (como enlaces satelitales o líneas para esos fines).
O sea, no es para mejorar nuestro acceso a la Internet ni beneficiar a los cubanos, sino solo a ciertos individuos que claramente se afilien a la política de EEUU contra la Isla. Y, por supuesto, a las empresas norteamericanas, como prueba esta licitación por casi medio millón de dólares, que reparte los fondos ocultos y no tan ocultos para la subversión en la Isla con el mundo empresarial y académico, clientes de un gobierno que provee los multimillonarios contratos para el desarrollo de tecnología militar que sostienen buena parte de las empresas informáticas y las Universidades en los Estados Unidos.
En cualquier lugar del mundo, y particularmente en los EEUU, si un gobierno enemigo entrena a especialistas nacionales en técnicas informáticas con fines subversivos, no solo supone una violación grave de la ley, sino un acto de guerra. Y la prueba es la persecución que ha desatado el gobierno norteamericano contra la red interna que apoyó a Wikileaks para filtrar los documentos sobre la guerra en Afganistán. No solo pusieron en la lista negra a Julián Assange, portavoz principal del sitio y ciudadano australiano, sino que han detenido a Bradley Manning, joven soldado que supuestamente entregó los documentos, y a varios estudiantes de informática del Instituto Técnico de Massachussets (MIT), acusados de haber facilitado la filtración.
Imagínese por un momento qué ocurría si Cuba anunciara algo similar para desarrollar habilidades informáticas de ciudadanos norteamericanos con sentimientos antiimperialistas, justo ahora que los EEUU han creado un ejército ciberespacial y han justificado su política ciberguerrerista con el pretexto de la ciberseguridad. Richard Clarke, alto funcionario encargado de la oficina antiterrorista de los EEUU durante décadas, acaba de publicar un libro donde desatada todos los fantasmas posibles en torno a posibles ataques a las redes, hasta el punto de decir que la guerra del futuro no será con bombas sino con bites, y ha solicitado endurecer hasta el delirio las políticas de control de la Internet.
Si eso ocurriera, si Cuba anunciara una licitación semejante para sus empresas con la mirada puesta en Estados Unidos, pueden ustedes estar seguros que el gobierno de Obama no demoraría ni cinco segundos no solo en ponernos en la lista de ciberterroristas, sino en desconectarnos de la red Internet, que al fin y al cabo controlan ellos. Y cinco segundo después, escucharíamos los aullidos en el Congreso para desaparecer a la Isla del mapa, como esos que estallan ahora para pedir que fusilen al soldado de 22 años que filtró a Wikileaks los partes de guerra de Afganistán.› Leer Más