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| Billete con la imagen de Yoani Sánchez que un grupo de manifestantes repartió el sábado durante una presentación de la bloguera mercenaria cubana en Nueva York. El Nuevo Herald |
A cada rato llegan a este país disidentes de diversas naciones para denunciar ante foros académicos, de derechos humanos e instancias oficiales, como el Congreso, que sus gobiernos violan los derechos a la libertad de expresión y de prensa. Piden solidaridad para presionar a sus gobiernos a que respeten los convenios internacionales sobre este rubro y son aplaudidos por su valentía, mientras el gobierno estadunidense se pronuncia guardián mundial de estos derechos básicos, promueve la libertad de expresión como parte de su retórica diplomática, sobre todo contra países que no están alineados con Washington, y organiza foros en los que incluye el uso de los nuevos medios cibernéticos como nuevas herramientas de la "libertad".
Pero es probable que lo que más se necesite es que periodistas y promotores estadunidenses de la libre expresión viajen a otros países para solicitar la solidaridad de otros pueblos y enfrentar la creciente represión y limitación de la libertad de expresión que se ha ejercido aquí durante la última década. De hecho, lo más difícil en el caso estadunidense es justo que aquí, a diferencia de otros países donde es clara la violación de estos derechos, prevalece el mito oficial de la libertad de expresión. Los límites a esta libertad se revelan cuando se trata de cuestiones muy delicadas, donde el derecho de la sociedad a saber qué hace su gobierno se subordina a lo que el gobierno dicta como necesario para "proteger" a esa sociedad, lo que llaman "seguridad nacional".
Tal vez el suceso más claro para mostrar estos límites es el caso de Bradley Manning, quien ha aceptado responsabilidad por la mayor filtración de documentos oficiales secretos en la historia de este país, y a quien el gobierno ha enjuiciado por dar a conocer a los ciudadanos la historia de las guerras que se libran en su nombre. "Este juicio no se trata simplemente de la fiscalización de un soldado de 25 años que tuvo la osadía de reportar al mundo externo las matanzas indiscriminadas, los crímenes de guerra, la tortura y el abuso por nuestro gobierno y nuestras fuerzas de ocupación en Irak y Afganistán. Es un esfuerzo concertado por el estado de seguridad y vigilancia para extinguir lo que queda de una prensa libre, que tiene el derecho constitucional de revelar crímenes cometidos por quienes están en el poder", escribe el veterano periodista y premio Pulitzer Chris Hedges.
Hedges, quien fue reportero de guerra del New York Times y cubrió conflictos desde el mundo árabe a América Latina, escribió en Truthdig.com que de ahora en adelante los individuos que se atrevan a intentar que el público se entere de la verdad serán, como en el caso de Manning, acusados de "ayudar al enemigo". Agregó que “todos aquellos dentro del sistema que revelen hechos que desafían la narrativa oficial serán encarcelados, como John Kiriakou, el ex analista de la CIA que por revelar el uso de la tortura por el gobierno estadunidense empezó a cumplir una condena de 30 meses… Hay un término para designar a estados que crean estos vacíos de información: totalitarios”.
Cabe recordar casos como el reciente suicidio del activista cibernético Aaron Swartz, quien se dedicaba a usar sus talentos digitales para revelar y exponer intentos de control de Internet por el gobierno y las empresas, al enfrentar un juicio que podría acabar con su encarcelación por décadas, o Jeremy Hammond, que enfrenta 30 meses de cárcel por hackear presuntamente el sitio Stratfor, o el ex funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional Thomas Drake, quien fue investigado por revelar la recaudación secreta de datos sobre ciudadanos estadunidenses. También está lo que alega Julian Assange, de que Estados Unidos busca extraditarlo y enjuiciarlo por las revelaciones en Wikileaks, temor que no carece de bases, especialmente cuando muchos altos funcionarios y legisladores lo han acusado de atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos, y el propio vicepresidente Joe Biden una vez lo llamó "terrorista de alta tecnología".
Estos casos, sobre todo el de Manning, según algunos expertos en leyes, tienen una intención: intimidar y hasta aterrorizar a informantes y periodistas que consideren revelar información sobre asuntos de "seguridad nacional".
Hedges, junto con el documentalista Michael Moore, el intelectual Noam Chomsky y Daniel Ellsberg, el famoso funcionario que filtró los papeles del Pentágono –hasta ahora la filtración más grande de documentos secretos– durante la guerra de Vietnam, se han sumado a demandas legales contra el gobierno por una ley que, acusan, puede ser utilizada contra periodistas al criminalizar toda interacción con lo que se considera "enemigos" de Estados Unidos, bajo amenaza de la detención militar indefinida, y otra que permite la intervención de comunicaciones personales de estadunidenses por agencias del gobierno sin autorización judicial.
Y esos esfuerzos no se limitan a territorio nacional. Por ejemplo, está el caso de Abdulelah Haider Shaye, el periodista de Yemen que en 2009 reveló un ataque aéreo estadunidense que mató a 14 mujeres y 21 niños y está encarcelado debido a la intervención de Obama para evitar que el presidente de ese país lo exculpara, como reveló The Nation el año pasado. El semanario afirmó que mientras el gobierno de Obama ofrece retórica sobre la libertad de prensa, "ha minado los derechos de periodistas y los informantes que los ayudan, cuyo trabajo a veces ha puesto al gobierno en una luz negativa".
Ante la promesa de Obama de hacer que su gobierno "sea el más transparente en la historia", no pocos preguntan si eso lo determina el gobierno o el pueblo. "Nuestra libertad depende de la libertad de la prensa, y esa no se puede limitar sin que se pierda", afirmó Thomas Jefferson.
O sea, libertad condicionada por las autoridades no es libertad.
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