La Habana, 5 jul (PL) El empresario francés Jean-Louis Autret y ocho funcionarios cubanos fueron sancionados hoy en la sala segunda del Tribunal Provincial Popular de La Habana, especializada en el conocimiento de delitos económicos y otros asociados a la corrupción.
En el juicio oral y público desarrollado desde el 28 de junio hasta el pasado día 2 de julio el fiscal solicitó para Autret 15 años de privación de libertad, como sanción conjunta por la comisión de los delitos de lavado de dinero, actividades económicas ilícitas, tráfico de divisas y evasión fiscal.
Con relación a los ocho restantes acusados por los delitos de falsificación de documentos públicos y cohecho propuso penas entre tres y siete años de privación de libertad, precisó una nota del Noticiero Nacional de Televisión.
Durante el desarrollo del juicio se examinaron las declaraciones de los acusados, abundantes de pruebas documentales, entre las que se incluyen las propuestas por las autoridades francesas a solicitud de Cuba, así como las testificales y periciales, todas expuestas ante el tribunal.
El fiscal sostuvo en su acusación que la actividad de lavado de dinero estuvo realizada por Jean Louis Autret enmarcada en el funcionamiento de varias sociedades, la utilización de servicios bancarios para la realización de presuntas operaciones comerciales.
Además -agrega la nota- entre sociedades y movimiento cíclicos y de dinero entre las cuentas bancarias en Cuba y el extranjero, dirigido a ocultar, desvirtuar y legalizar el origen de los fondos resultantes del comercio prohibido de estupefacientes.
También, de asociaciones delictivas creadas y dedicadas a ejecutar estas actividades logrando incrementar significativamente su propio capital, señala el texto.
El ministerio fiscal explicó que entre los años 1997-2009 Autret desarrolló actividades comerciales a través de sociedades mercantiles no registradas legalmente.
En otros casos -indicó- estas eran ajenas al objeto social de identidades creadas oficialmente en el ámbito de cuyas actividades incurrió en ilícitos penales tipificados como tráfico de divisas y evasión fiscal.
Los abogados que asumieron su defensa de los encartados en la causa contaron con todas las garantías requeridas para su desempeño profesional y expresaron los argumentos que entendieron pertinentes.
El Tribunal declaró el proceso concluso para sentencia y pronunciara su veredicto en los próximos días.
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