La web 2.0 se subleva en Francia

Una ley impone a los servicios de Internet guardar durante un año los datos de sus internautas.

EL PAÍS - Barcelona. Desde primeros de este mes, una ley obliga en Francia a todos los servicios de albergue de contenidos a conservar los datos de identificación de los internautas durante un año. Estos datos pueden ser solicitados por la policía o las autoridades en el curso de una investigación criminal, fiscal, por una sospecha de infracción aduanera, etc.. La asociación que agrupa a los principales operadores de la web 2.0, desde Facebook y YouTube a Dailymotion pasando por Priceminister o eBay ha presentado un recurso contra la misma.
Estos sitios deben conservar el seudónimo, la dirección de correo electrónico, la contraseña, fechas y horas de la conexión y la operación realizada, entre otros datos. Y lo deben hacer durante un año. Si en este tiempo, el internauta cambia, por ejemplo, la contraseña, la obligación de almacenamiento de los datos se prolonga otros doce meses.

La asociación argumenta que esta norma no ha sido comunicado a las autoridades europeas conforme exigen las directivas sobre privacidad comunitarias. Alegan, además, el coste adicional que supone este almacenamiento y que la doctrina europea sobre los servicios que albergan contenidos elaborados por terceros es que no son responsables de los mismos, salvo que tengan un aviso formal de sus contenidos ilícitos y se nieguen a su retirada.
La demanda presentada por 26 compañías está abierta a que se sumen otras igualmente afectadas.
En el sitio de la citada asociación hay una información sobre el conflicto que se enuncia con un titular claro: Las plataformas de expresión en Internet, ¿una especie en peligro ?. Sus autores recuerdan que la ley que impone esta obligación supone una censura que contradice el papel de estos sitios como demuestran los recientes acontecimientos en África y Oriente Medio en el que Internet es, ante todo, una herramienta de libertad.
Al margen de su discrepancia por lo que pueda suponer de censura o coste económico, las empresas también alegan dificultades técnicas para cumplir con la normativa. Para conservar las contraseñas y que sean accesibles a la policía deberían hacerlo por un sistema sin la protección de la seguridad cifrada lo que plantea un problema de protección de datos personales. Por otra parte, identificar un seudónimo exige una tarea de cruzar datos.