martes, 19 de octubre de 2010

Emisoras del gobierno de EE.UU. prestan servicios a terroristas

› ¿Silencio cómplice?

Naciones Unidas, 19 oct (PL) Cuba reiteró hoy en Naciones Unidas su reclamo por el cese inmediato de la agresión radial y televisiva de Estados Unidos contra la isla caribeña en violación de las normativas internacionales vigentes.
La demanda fue expuesta por el representante permanente de Cuba ante la ONU, Pedro Núñez Mosquera, al hablar en el debate de la Cuarta Comisión de la Asamblea General sobre el tema Cuestiones relativas a la Información.
El diplomático dijo que ese ataque radioeléctronico, iniciado hace 50 años, infringe las normas del Derecho Internacional y los reglamentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Las transmisiones ilegales contra Cuba no emiten información, sino que la falsifican y tergiversan con fines desestabilizadores y de subversión y afectan el normal funcionamiento de los servicios de radiocomunicaciones, señaló.
Recordó que en marzo pasado la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT instó a la administración estadounidense a eliminar esas interferencias.
Explicó que desde Estados Unidos se transmiten cada semana hacia Cuba más de dos mil 185 horas de radio y televisión por 34 frecuencias de onda media, corta, FM y TV, y entre 231 y 258 horas diarias de una programación que nada tiene que ver con información equilibrada y objetiva.
Entre las emisoras envueltas en esas acciones identificó a la Voz de las Américas y las llamadas Radio y TV Martí, las tres propiedad del gobierno norteamericano.
Apuntó que varias de las estaciones anticubanas pertenecen o prestan sus servicios a organizaciones vinculadas con elementos terroristas que residen y actúan contra Cuba en territorio estadounidense con pleno consentimiento de las autoridades.
Núñez Mosquera denunció que el Congreso de Estados Unidos aprueba cada año un presupuesto de más de 30 millones de dólares para su agresión radioelectrónica a Cuba, la cual incluye el uso de aviones militares por un costo anual de cinco millones.
Por otro lado, advirtió que el desarrollo tecnológico en materia de comunicación, información y tecnologías conexas no se traduce en beneficios por igual para todos, sino que cada vez aumenta más la disparidad en el acceso a las nuevas tecnologías.
Las noticias que se divulgan o se silencian son las que convienen a los grandes centros de control de la información que con demasiada frecuencia imponen la mentira, manipulan la historia, legitiman la discriminación y ultrajan la libertad de expresión y de información, apuntó.
Frente a eso, demandó la adopción de medidas prácticas que permitan el uso racional y una apropiación más social de las tecnologías de la información y abogó por acciones de la ONU dirigidas a la descolonización de la información.

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