Por Roberto Pérez Betancourt
La historia de cada día, desde el triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959, demuestra que sucesivos gobiernos de EE.UU. han practicado el terrorismo de Estado contra Cuba, y no a la inversa, como tratan de hacer ver. ¿Por qué ese empeño absurdo? Los oligarcas tradicionales no se resignan a haber perdido privilegios y continúan ansiando la sumisión de la Isla.
Hace 10 años, el 31 de mayo de 1999, organizaciones sociales cubanas demandaron al gobierno estadounidense ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana por 180 millones de dólares, estimados como daños y perjuicios que la demencial política guerrerista de ese país había causado hasta entonces a las familias e instituciones de la ínsula.
Sustentaban el reclamo pruebas sobre la muerte de tres mil 478 ciudadanos cubanos y la incapacitación de otros dos mil 099, víctimas de la política agresiva de cuatro decenios. En el lado opuesto, mediante calumnias y mentiras, gobernantes y funcionarios de la nación norteña intentan una y otra vez doblegar la soberanía que el pueblo de la Mayor Antilla conquistó tras librar cruenta luchar frente a la dictadura proimperialista.
Ese afán incluye la reiterada inclusión de Cuba en una lista de supuestos países auspiciadores del terrorismo, reeditada el 30 de abril último por el Departamento de Estado norteamericano con los agravantes perjuicios que se derivan de esa falacia.
La referida demanda de las entidades isleñas no incluía el costo de más de 129 mil millones de dólares causado por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE.UU. con carácter extraterritorial y genocida desde hace más de medio siglo, como lo demuestran documentadas denuncias anuales ante las Naciones Unidas.
En el Tribunal de Ciudad de La Habana, se demostró la presencia, de una u otra forma, del Gobierno de EE.UU., sus autoridades, funcionarios, agentes y de quienes en general trabajan para algunos de sus servicios especiales, en los actos de sabotaje, ametrallamientos, bombardeos y otras acciones criminales. Imposible resumir en pocas líneas cada uno de los hechos aludidos.
A los de mayor envergadura, como la invasión de Playa Girón en 1961, la explosión en pleno vuelo de una nave de Cubana, donde perecieron 73 pasajeros en 1976, o el sabotaje al vapor francés la Coubre, se unen cientos de sucesos más.
En la demanda presentada dos lustros atrás conforme a rigor procesal, familiares de los fallecidos y discapacitados como consecuencia de las agresiones, sobrevivientes y testigos presenciales, relataron pormenores de hechos sobre los cuales la gran prensa internacional ha guardado sostenido silencio, con lo cual ha devenido cómplice de los crímenes.
Un caso tomado al azar: el 11 de octubre de 1959 un avión procedente de EE.UU. lanzó dos bombas incendiarias sobre el central azucarero Niágara, en la provincia de Pinar del Río. Otro: la introducción de agentes biológicos letales para afectar la salud de personas y animales, constante en el rosario de maldad.
Solo recordemos que en el juicio celebrado en 1984 en Norteamérica contra Eduardo Arocena, cabecilla de la organización terrorista Omega 7, este confesó haber introducido gérmenes en Cuba y reconoció que la fiebre del dengue hemorrágico fue llevada a la Isla por grupos criminales de origen cubano radicados en la nación norteña con la complacencia de su gobierno.
A los analistas militares no escapa que la política hostil, sostenida por parte de la nación militarmente más poderosa del planeta, también ha tenido como objetivo obligar al país caribeño a realizar inversiones y grandes gastos económicos en su obligada política de movilizaciones para la defensa, en perjuicio de sectores de interés productivo y de servicios.
Son solo algunas de las variadas aristas del verdadero terrorismo de Estado de EE.UU. contra Cuba, penado por las propias leyes norteamericanas y cuya impunidad persiste.
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