LA HABANA, 12 Oct 2009 (AFP) - Influyentes juristas cubanos se manifestaron a favor de eliminar la confiscación de bienes a los emigrados y la exigencia a ellos del pasaporte nacional para visitar la isla, según declaraciones pronunciadas durante un panel reseñado este lunes por una revista cubana.
"Una relación normal entre Estados Unidos y Cuba permitiría un mejor ejercicio de este derecho (libre movimiento) en el país, (...) y quizás algunas restricciones o requisitos establecidos podrían eliminarse", señaló Jorge Bodes, asesor del ministerio de Justicia.
Bodes participó en un panel de especialistas sobre los derechos humanos que analizó entre otros el espinoso tema migratorio, publicado por la revista trimestral Temas en su más reciente número.
Cerca de dos millones de cubanos viven en unos 40 países, sobre todo en Estados Unidos, España y México, sobre los que pesa una serie de pesadas regulaciones para visitar su país de origen.
Para Miguel Alfonso, presidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, muchas de esas restricciones "tienen que ver con la seguridad del país" y la práctica histórica de Washington de "usar la emigración cubana contra la Revolución".
Pero añadió que también existe una "inercia legislativa" que mantiene viva algunas normas jurídicas que ya no resultan necesarias.
Señaló que "no resulta fácil de comprender las razones que aconsejan hoy continuar exigiéndoles" a cubanos emigrados que adoptaron la ciudadanía del país en que residen un pasaporte cubano para visitar la isla, pues las leyes locales no reconocen la doble ciudadanía.
Bodes, por su parte, opinó que no debe afectarse las propiedades en la isla de los que deciden viajar "por el tiempo que sea" y debe cambiar la norma confiscatoria que tuvo su origen en los años 60 ante circunstancias específicas. "En la actualidad no tiene sentido que se mantenga vigente tal regulación", afirmó.
También se pronunció por la eliminación de la prohibición de visitar el país a los que salieron ilegalmente tras la firma de los acuerdos migratorios con Estados Unidos en 1995, pues se trató de una "decisión política" para apoyar los acuerdos en su momento.
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