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martes, 12 de julio de 2011

HRW pide a Obama que investigue a Bush por "torturas"

El torturador George W. Bush (derecha) junto a su discípulo el
cibermercenario oficialista del imperio, Ernesto Hernández Busto.

NUEVA YORK, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -  La ONG Human Rights Watch (HRW) ha reclamado al presidente estadounidense, Barack Obama, que ordene una investigación penal por las denuncias sobre los abusos a detenidos ante las "pruebas contundentes" que implican a su antecesor en el cargo, George W. Bush, y a otros miembros de su Administración.
   En opinión de HRW, el Gobierno de Obama no ha cumplido las obligaciones asumidas por Estados Unidos, conforme a la Convención contra la Tortura, de investigar actos de tortura y otros malos tratos a detenidos, y si no actúa otros países podrían verse obligados a hacerlo.
   En su informe "Torturas impunes: el Gobierno de Bush y el maltrato de detenidos", la ONG presenta "suficiente información para justificar una investigación penal" contra Bush y contra otros ex altos cargos de su gobierno, como el ex vicepresidente Dick Cheney, el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ex director de la CIA George Tenet, "por haber ordenado prácticas como asfixia por inmersión (waterboarding), el uso de cárceles secretas de la CIA y el traslado de detenidos a países donde fueron torturados".
   "Hay razones sólidas para investigar a Bush, Cheney, Rumsfeld y Tenet por autorizar actos de tortura y crímenes de guerra", ha defendido el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.
   "El presidente Obama ha considerado estos actos de tortura como lamentables decisiones políticas, en lugar de crímenes. Su decisión de poner fin a los interrogatorios abusivos podría ser revertida fácilmente, a menos que se restablezca claramente la prohibición legal contra la tortura", ha defendido.

JUZGADOS POR OTROS PAÍSES
   En este sentido, HRW advierte de que si el Gobierno no impulsa investigaciones penales creíbles de estos hechos, otros países deberían juzgar a los funcionarios estadounidenses involucrados en delitos contra detenidos, de acuerdo a la legislación internacional. "Estados Unidos tiene una obligación jurídica de investigar estos delitos", ha señalado Roth. "Si no toma medidas al respecto, otros países deberían hacerlo", ha subrayado.
   En agosto de 2009, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, designó al fiscal federal adjunto, John Durham, para que investigara el abuso de detenidos, pero limitó la indagación a los actos "no autorizados". Como resultado, la investigación podría no examinar actos de tortura, como las prácticas de asfixia por inmersión, ni otros malos tratos autorizados por abogados del Gobierno de Bush, pese a que estos actos son contrarios al derecho interno e internacional, lamenta HRW.
   El pasado 30 de junio, Holder aceptó la recomendación de Durham de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre dos muertes bajo custodia de la CIA ocurridas, según informes, en Irak y Afganistán. Human Rights Watch considera que el limitado alcance de la investigación de Durham no aborda la naturaleza sistemática de los abusos.
   "El patrón de abusos del Gobierno de Estados Unidos a lo largo de varios países no fue el resultado de acciones de individuos que rompieron las reglas", ha incidido Roth. "Fue consecuencia de decisiones hechas por altos funcionarios estadounidenses que decidieron estirar o ignorar las reglas", ha señalado en un comunicado.
   En el caso de Bush, HRW recuerda que admitió públicamente haber aprobado en dos ocasiones el uso de prácticas de asfixia por inmersión. Asimismo, el ex presidente autorizó los programas secretos de detención y entregas extraordinarias de la CIA, que permitían mantener incomunicados a los detenidos y, en muchos casos, trasladarlos a países como Egipto y Siria, donde posiblemente serían torturados.
   En cuanto a Cheney, fue el impulsor de la adopción de políticas ilícitas sobre detención e interrogatorios, y presidió varias reuniones claves en las cuales se discutieron operativos específicos de la CIA, como la decisión de someter a asfixia por inmersión a un detenido, Abu Zubaydah, en 2002, prosigue la organización.
   Por su parte, Rumsfeld aprobó el empleo de métodos ilegales durante los interrogatorios y siguió de cerca el caso de Mohamed al Qahtani, sometido a un régimen de seis semanas de interrogatorios coercitivos en Guantánamo que, considerados en conjunto, podrían ser considerados "actos de tortura".
   En lo que se refiere a Tenet, autorizó y supervisó el uso por parte de la CIA de prácticas de asfixia por inmersión, posturas obligadas que causan estrés, hostigamiento con fuertes ruidos y luces, privación del sueño y otros métodos abusivos durante los interrogatorios, además del programa de entregas extraordinarias de la CIA.

REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS
   Así las cosas, HRW ha considerado que las víctimas de tortura deberían recibir una reparación justa y adecuada, como lo exige la Convención contra la Tortura. Tanto el Gobierno de Bush como de Obama han forzado el alcance de doctrinas jurídicas como el secreto de Estado y la inmunidad oficial y han logrado que la justicia penal ordinaria no examine los méritos de las denuncias sobre torturas.
   Igualmente, considera que debería "crearse una comisión independiente no partidaria", similar a la Comisión del 11 de septiembre, que examine los actos del poder ejecutivo, la CIA, las Fuerzas Armadas y el Congreso en relación con las políticas y prácticas aplicadas durante el Gobierno de Bush que permitieron el abuso de personas detenidas. Esta comisión debería emitir recomendaciones a fin de asegurar que los abusos sistemáticos cometidos no se repitan en el futuro.

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