Tras un discreto silencio, la Development Alternatives, Inc. (DAI), grupo con sede en Bethesda, Maryland, emitió declaraciones. Su presidente, James Boomgard, reconoció que Gross viajó a la isla como representante de la DAI.
Su misión como consultor de esa empresa pretendía implementar la introducción de computadoras y teléfonos celulares destinados a la comunidad judía en Cuba, con el propósito de crear aquí una red de Internet fuera de los marcos estatales.
En la propia declaración de Boomgard, 11 días después del arresto de Gross, afirmó que este había arribado a nuestro país por un programa de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) para fortalecer la sociedad civil en apoyo a una gobernabilidad justa y democrática en Cuba .
Precisamente, en el 2008 esa agencia, fachada de la CIA y conocida por canalizar los cuantiosos recursos financieros de Washington en sus planes contra la nación cubana, había establecido un convenio con la DAI, una receptora de sus fondos, para impulsar tales proyectos. En ese marco se llegaron a acuerdos por 2.6 millones de dólares.
Hoy la USAID, brazo financiero del Departamento de Estado desde 1962, tiene negocios con más de tres mil 500 empresas y 300 organizaciones privadas de Estados Unidos, y constituye un secreto a voces que es la CIA la que, a fin de cuentas, está otorgando contratos amparada en su nombre.
Como la USAID, Development Alternatives, Inc. define sus misiones de actuación usando los pretextos de la transición, reconstrucción, gerencia de conflictos, desarrollo económico, gobernabilidad y democracia.
Fundada en 1970, la DAI ha extendido oficinas hasta Europa, África, Oriente Medio y América Latina, y en la actualidad se erige como una de las más grandes contratistas del Departamento de Estado y el Pentágono.
En estos momentos se estima en más de 50 millones de dólares el monto por los contratos de la DAI en Afganistán.
En América Latina opera en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela, este último país señalado como uno de sus principales objetivos en la región.
Desde agosto del 2002 esa consultora ha operado en territorio venezolano a través de la Oficina para las Iniciativas hacia una Transición (OTI) de la USAID.
Sus actividades han logrado filtrar millones de dólares destinados a la oposición para tratar de derrocar al presidente Hugo Chávez.
El modus operandi, de acuerdo a un informe de mayo del 2010 financiado por la National Endowment for Democracy (NED) -otra agencia pantalla de la CIA-, reveló que Development Alternatives, Inc. ha implementando un programa de becas -especie de asistencia técnica- para debates públicos.
También para campañas sobre la democracia, la construcción de confianza, la formación y capacitación de jóvenes líderes y asuntos sociales, con la pretensión de fortalecer los partidos políticos opositores, así como a un presunto movimiento de masas en contra del gobierno bolivariano.
Según la investigadora venezolano-estadounidense Eva Golinger, la DAI manejaba una oficina en Caracas desde donde distribuían las cuantiosas sumas de dinero para ese sector a través de pequeños convenios de no más de 100 mil dólares cada uno.
Del 2002 al 2010 -asegura-, más de 600 de estos pequeños convenios fueron entregados por esta dependencia a grupos antichavistas.
Golinger argumenta además, que el contrato de la USAID con la DAI en Venezuela insistía en que el representante local mantendría una estrecha colaboración con los funcionarios de la embajada para identificar oportunidades, seleccionar colaboradores y garantizar que el programa mantenga su coherencia con la política exterior de Estados Unidos.
Hace poco la representación de la DAI fue cerrada en Caracas por continuas denuncias sobre sus actividades; sin embargo, la OTI ha proseguido su trabajo en la nación sudamericana con otros actores similares como el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Demócrata Nacional (NDI), Freedom House, y la Fundación Panamericana del Desarrollo (FUPAD).
Se calcula que en el 2010 se gastaron 9,29 millones de dólares en el empeño por armar una quinta columna contra Chávez, casi dos millones más que lo invertido el año precedente.
Ahora Development Alternatives, Inc. aparece filantrópicamente en Cuba con un mensajero que vino a cumplir, mediante la introducción ilegal de recursos para la comunicación, un contrato del gobierno de Estados Unidos, respaldado por la Sección 109 de la Ley Helms Burton.
Dicha legislación, no derogada en la administración de Barack Obama, autoriza al mandatario estadounidense para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba.
En términos más simples: por cualquier medio pretenden promover el engendro plattista de la anexión que se coronaría con el añorado cambio de régimen expresado abiertamente en el Plan Bush, tanto en sus versiones del 2004 y el 2006, y que Obama ha mantenido con estricto apego.
Tal es así que en el 2009 y el 2010 fueron destinados 20 millones de dólares para la ejecución de proyectos subversivos contra Cuba a través de la USAID y el Departamento de Estado (40 millones en dos años) y otros 20 millones ya se asignaron en el 2011, a los que se agregan innumerables fondos no revelados, pero utilizados con los mismos propósitos por la Comunidad de Inteligencia de aquel país.
Cabe señalar que en su estrategia actual contra la Isla, Washington apuesta de manera particular por el aprovechamiento de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que, lógicamente, supone un reto para nuestra seguridad nacional que continuará asumiéndose, porque no se renunciará al desarrollo tecnológico y mucho menos al acceso del pueblo cubano a estos beneficios.
La presencia del enviado de la DAI en La Habana muestra una modalidad de esa hoja de ruta de la Casa Blanca en contra de aquellos a los que califican como gobiernos hostiles y en especial pone al descubierto que, hasta hoy, solo se han producido cambios cosméticos en cuanto a la política de EE.UU. respecto a Cuba.
El 20 de diciembre pasado el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, así lo alertaba ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En esa ocasión dejó claro además, que el enemigo se halla tan activo como siempre y muestra de ello era el arresto del eufemísticamente denominado contratista de su gobierno por parte de los voceros del Departamento de Estado.
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