Wikileaks, Washington y la doble moral de la libertad en Internet

Por M. H. Lagarde

El caso de los documentos desclasificados por el sitio web Wikileaks ha renovado en todo el mundo debate sobre el papel del periodismo.
Entre lo mucho que se ha escrito a favor o en contra del papel de una página como Wikileaks en la sociedad actual, no han faltado quienes han recordado que algo así era lo que se esperaba con el desarrollo de Internet.
Según algunos: “Gracias a la sociedad de la información y a la capacidad de trabajar en red que permite internet, a los poderes públicos les será más difícil sellar sus acciones dentro de una caja negra con la etiqueta de top secret”.
Un argumento similar es el que ha usado, durante los últimos años, el Departamento de Estado para defender la llamada libertad de Internet -en realidad libertad de subversión-, en aquellos países que no giran alrededor de la órbita hegemónica de Washington.
Según la diplomacia norteamericana, tales naciones deben permitir la apertura del uso de las redes sociales y del llamado periodismo ciudadano, cuyo último fin es revelar aquellas realidades que los llamados regímenes totalitarios preferirían tratar de ocultar.
Pero la “diplomática” propuesta norteamericana para países como Irán, Venezuela y Cuba, al parecer es un asunto exclusivo de la política. La desclasificación por parte de Wikileaks de 90 mil documentos sobre la guerra de Afganistán en la que se revelan, entre otras verdades, miles crímenes contra civiles afganos ejecutados por los militares norteamericanos, está en la línea del papel que, según el Departamento de Estado, debe jugar el periodismo en aquellos países que no son de su agrado.
Sin embargo, en lo que se refiere a la política interna en Washington, no todo el mundo parece coincidir con tal punto de vista.
La Casa Blanca y el Pentágono no solo han condenado la publicación de dichos documentos porque ponen en peligro la seguridad de los asesinos de los civiles afganos, sino que, además, ya se habla hasta de una posible ejecución del analista Bradley Manning, el hombre que presuntamente destapó la caja de Pandora del poderoso Pentágono y dio a conocer al mundo los asesinatos masivos.
Como si fuera poco acusar al que pone en evidencia un crimen en vez de a los criminales, el Pentágono acaba de exigirle a Wikileaks que devuelva y borre de sus bases de datos, inmedidatamente, todos los documentos militares estadounidenses.
"El único camino aceptable es que Wikileaks tome medidas para la devolución inmediata de todas las versiones de estos documentos al gobierno de Estados Unidos y los borre permanentemente de su sitio, computadores y archivos", ha dicho el portavoz del Pentágono Geoff Morrell.
Después de tales ejemplares lecciones, uno podría preguntarse: ¿Rectificará el Departamento de Estado su enfoque sobre la llamada libertad de Internet? ¿O como ocurre con otras políticas -la de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo-, mantendrá el gobierno estadounidense su habitual doble moral del “has lo que yo digo, pero no lo que yo hago”?
Como dijo Hillary Clinton en su discurso del 21 de enero en defensa de la libertad de Internet “Algunos países han erigido barreras electrónicas que evitan que su pueblo tenga acceso a secciones de las redes del mundo. Han eliminado palabras, nombres y frases de los resultados ofrecidos por los motores de búsqueda. Han violado la privacidad de los ciudadanos que participan en diálogos políticos no violentos. Estas actuaciones contravienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que todos los pueblos tienen el derecho a buscar, recibir y diseminar información e ideas por cualquier medio sin tener en cuenta las fronteras”.
¿Será esa, también, la realidad de los Estados Unidos?