Al igual que en muchos otros países en los que existe el
Estado de Derecho, en Cuba no se puede quebrantar la legalidad o
intentar subvertir, al servicio de una agenda externa de cambio de
régimen, el orden constitucional y el sistema político que los cubanos
hemos escogido libremente. Quienes así operan, no merecen el noble
calificativo de defensores de los derechos humanos sino califican como
agentes de una potencia extranjera según buena parte de las
legislaciones occidentales.
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