WASHINGTON (AP) — Una semana después de que se supo
públicamente que el gobierno de Estados Unidos obtuvo secretamente dos
meses de registros de llamadas telefónicas hechas por periodistas de The
Associated Press, la revelación ya ha tenido un efecto paralizante en
la tarea de recopilación de noticias para la agencia noticiosa, denunció
el presidente y director ejecutivo de la AP.
En su primera entrevista para televisión desde que se reveló que el Departamento de Justicia había obtenido los registros telefónicos de los reporteros y editores de AP, mediante una orden judicial, Gary Pruitt calificó el domingo de "inconstitucional" la acción del Departamento y advirtió que la AP no ha descartado tomar una acción legal.
Pruitt dijo que esa acción ya ha tenido un efecto desalentador en la labor periodística de la cooperativa noticiosa. Explicó que algunas fuentes ahora no parecen tan dispuestas a hablar con los reporteros de la AP y que la acción del Departamento de Justicia, a largo plazo, podría limitar la información que todos los medios noticiosos brindan a los estadounidenses.
Pruitt dijo en el programa "Face the Nation", de la cadena de televisión CBS, que al gobierno no le corresponde vigilar la actividad periodística de la AP.
"Y si ellos restringen ese sistema... la gente de Estados Unidos sólo se enterará de lo que el gobierno desea que sepan y eso no es lo que los artífices de la Constitución tenían en mente cuando redactaron la Primera Enmienda", destacó. La Primera Enmienda garantiza la libertad de prensa y otros derechos básicos.
En otra entrevista con la AP, Pruitt dijo que la cooperativa de noticias no ha decidido aún qué medidas tomará, pero que no ha descartado una acción legal contra el gobierno.
"Es prematuro saber si emplazaremos una acción legal pero puedo decirles que estamos sumamente disgustados y sentimos que nuestros derechos constitucionales han sido transgredidos", manifestó Pruitt.
"Han actuado con sigilo y de manera exagerada y abusiva, tanto que, en conjunto, son una acción inconstitucional porque viola nuestros derechos de la Primera Enmienda", destacó.
El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que el gobierno necesita impedir que haya filtraciones por cualquier medio necesario.
"Se trata de una investigación que tiene que hacerse porque las filtraciones de seguridad nacional, por supuesto, pueden provocar la muerte de nuestros agentes en el extranjero", dijo.
Mientras tanto, el senador republicano John Cornyn, miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, dijo que el gobierno debería prestar atención a quienes filtran asuntos delicados de seguridad nacional y no en los periodistas que informan sobre eso. El legislador dijo que su comisión debería realizar audiencias sobre la manera en que el Departamento de Justicia obtuvo los registros telefónicos de los reporteros y editores de la AP.
"Lo que me confunde es que se centre en la prensa, que tiene un derecho constitucional y nosotros dependemos de la prensa para llegar al fondo en tantos asuntos que como individuos no podemos", dijo Cornyn.
"Se trata de una cultura de encubrimiento e intimidación que le está dando tantos problemas al gobierno", dijo Cornyn.
Aunque el Departamento de Justicia no ha explicado por qué obtuvo los registros telefónicos de los reporteros de AP, Pruitt se refirió a un despacho del 7 de mayo de 2012, que revelaba detalles sobre una exitosa operación de la CIA en Yemen para frustrar el plan de detonar una bomba en un avión comercial con motivo del primer aniversario del asesinato de Osama bin Laden acaecido el 2 de mayo de 2011.
The Associated Press postergó la publicación de esa información a petición de los funcionarios del gobierno que afirmaron que ponía en peligro la seguridad nacional.
"Nosotros respetamos eso, actuamos responsablemente, atrasamos el despacho", dijo Pruitt.
Agregó que sólo después que funcionarios de dos entidades del gobierno dijeron que la amenaza había pasado es que The Associated Press publicó la información. Pero el gobierno aun así pidió que la noticia fuera postergada hasta que un funcionario hiciera el anuncio al día siguiente, un pedido que The Associated Press rechazó.
La agencia de noticias consideró que la noticia era importante porque funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional dijeron públicamente que no había evidencia digna de credibilidad de que había una amenaza terrorista para Estados Unidos cerca de la fecha del primer aniversario de la muerte de bin Laden.
"Eso era un engaño al público estadounidense. Consideramos que el público estadounidense necesitaba saber esta historia", añadió Pruitt.
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