La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) admitió la "competencia por cuestión de arraigo" de la denuncia, ya que el demandante vivió 13 años en España, donde sigue residiendo, informó una fuente judicial.
Los magistrados decidieron así rechazar el recurso del fiscal contra esta denuncia al asegurar que la justicia española sólo puede investigar casos de tortura y delitos de lesa humanidad si hay víctimas españolas, los responsables sospechosos se encuentran en España o hay alguna "conexión relevante" con España. Para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la "conexión relevante" la constituye el arraigo del demandante por el tiempo que vivió en España.
El juez Baltasar Garzón, actualmente suspendido de sus funciones, había admitido en octubre de 2009, investigar la denuncia presentada por Ikassrien por las torturas a las que supuestamente fue sometido durante su detención en Guantánamo entre 2002 y 2005.
Garzón vio "un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido, marcados y exigidos por las convenciones internacionales aplicables", en el auto en el que decidió iniciar unas diligencias previas.
Junto a Ikassrien, también denunciaron torturas en Guantánamo el español Hamed Abderramán Ahmed, el palestino Jamiel Abdelatif Al Banna y el libio Omar Deghayes, aunque finalmente no presentaron una denuncia formal, según la misma fuente.
Ahmed e Ikassrien fueron absueltos por la justicia española del delito de "integración en la organización terrorista Al Qaeda", y para los otros, la justicia española había dictado órdenes de detención de anuló posteriormente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario