¿La "primavera árabe" llega a Israel?

Una masa de gente de unas 100.000 personas tomó ayer las calles de varias ciudades de Israel para exigir un cambio radical en las políticas sociales y económicas del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, e incluso un relevo del primer ministro.
En este fin de semana de protestas se les unieron en Jerusalén, además, los gays, que celebraron su desfile anual, y los médicos, que mantienen su propia batalla con el Gobierno debido a la creciente precariedad de la sanidad pública.
"Los servicios sociales no son un lujo", se leía en una de las pancartas en Tel Aviv, mientras se oía de fondo el escenario donde actuaban músicos y cantantes de renombre. Exigía lo que para muchos ciudadanos israelíes es un derecho en una sociedad acostumbrada históricamente a una política intervencionista y que observa, impotente, cómo se dispara el precio de la gasolina o de productos básicos como la leche, la mantequilla o los yogures (su precio es un 36% más caro que en Estados Unidos, Reino Unido o Australia, según un estudio publicado en julio por la organización de consumidores israelí, Imán Hatzibur)

Pero el caso más sangrante es el de la vivienda. En los últimos tres años, su incremento ha sido del 250% en ciudades como Tel Aviv frente a una subida salarial irrisoria del 1%. "La economía crecerá este año un 5%, nos dicen, pero nosotros, la clase media, no sabemos dónde va", comenta Gabriel, un universitario que asegura estar decidido a no cerrar su tienda, en Jerusalén, hasta que el Gobierno le dé una solución.
Marchas multitudinarias por todo el país a las que por primera vez en 16 días se les unieron ciudadanos árabe-israelíes y donde empiezan a tomar fuerza lemas contra la ocupación militar de Cisjordania y a favor de la solución de dos Estados.
Ninguno de los miembros del Ejecutivo israelí ni de la oposición imaginaron hace dos semanas que una protesta que empezó con una convocatoria en Facebook de una estudiante desahuciada de su vivienda se convertiría en el quebradero de cabeza más importante para el Ejecutivo.

Con información de El País