Abogado de Alan Gross: "patética la conducta de gobierno de EE.UU. y DAI"

El abogado de la familia Gross, Scott D. Gilbert

Washington, 16 ene (EFE).- El abogado del subcontratista estadounidense preso en Cuba desde 2009, Alan Gross, dijo hoy que prepara una respuesta a sendas mociones presentadas por el Gobierno de EE.UU. y la empresa DAI para que se anule la demanda de 60 millones de dólares entablada en su contra.

Tanto el Gobierno de EE.UU. como la empresa DAI que subcontrató a Gross para viajar a Cuba en 2009 presentaron la tarde del martes sendas mociones en un tribunal federal en Washington para que el juez del caso, James Boasberg, anule la demanda presentada el año pasado por la defensa de Gross.
En declaraciones a Efe, el abogado de la familia Gross, Scott D. Gilbert, dijo que las mociones presentadas por el Gobierno de EE.UU. y por la empresa DAI (Development Alternatives Inc) "no contenían sorpresas".
"Tal como esperábamos las partes acusadas presentaron mociones para que se anule el litigio. Las mociones no contenían sorpresas. Vamos a presentar nuestras respuestas y creemos que, en base a los hechos y la ley, se permitirá que avancen nuestros reclamos", dijo Gilbert.

"Mientras tanto, como ha sido el caso desde el comienzo, el Gobierno de EE.UU. y DAI continúan profesando su interés y preocupación por la situación en la que pusieron a Alan, no hacen nada útil y después se esconden", se quejó.

"Su conducta solo puede describirse como patética", puntualizó Gilbert.
En la demanda presentada en noviembre pasado, Gross y su esposa, Judy, acusan a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y a DAI de no tomar las medidas necesarias para capacitar y proteger a Alan Gross para su misión en Cuba.
Gross, de 63 años, fue arrestado en su quinto viaje a Cuba en diciembre de 2009, cuando participaba como subcontratista en un proyecto financiado por la USAID para la promoción de la democracia en la isla.
El Gobierno de La Habana lo acusó de atentar contra la seguridad del Estado y el Tribunal Supremo de la isla posteriormente ratificó una sentencia de 15 años de prisión.